Chihuahua a 28 de agosto.- En la audiencia inicial contra César Duarte en la audiencia de vinculación a proceso por la causa penal 1260/2017, los abogados de César Duarte Jáquez aseguran que, el ilícito que se le pretende adjudicar al exmandatario por el desvío de recursos públicos correspondiente a 120 millones de pesos con la empresa «Kepler Solutions», no es competencia penal, por lo que alegan que se trata de un procedimiento administrativo y solicitaron ejecutar las sanciones de esa índole.
Asimismo, los abogados de la defensa solicitaron que el proceso se dirija a los diputados que durante la legislatura del 2015-2016, aprobaron el presupuesto de egresos que presentó el funcionario, así como también al extitular de la Auditoría Superior del Estado, quien tuvo a la vista la cuenta pública señalada y no realizó observaciones al respecto, tras haberla revisado.
De la misma manera, los abogados defensores expusieron ante el juez Adalberto Contreras la imputación por ese desvío de recuersos se realice propiamente al exsecretario de Hacienda y del exdirector de Administración de la Secretaria de Hacienda, quienes encabezaron el proceso de adjudicación de contratos a la empresa «Kepler Solutions», y no al imputado César Duarte, señalaron.
«El ejercicio fiscal 2016 estuvo aprobado por el Congreso del Estado sin señalamiento ni responsbilidad alguna que tuviera, fue aprobado por mayoría… por lo que pudieramos tener un señalamiento administrativo, no penal sobre un ejercicio con procedimiento administrativo que no fue señalado por el Congreso ni la Auditoria», indicaron.
«La potestad de fiscalización está en el Congreso y en la Auditoria Superior del Estado, no es nuestro representado», reiteraron y agrega el litigante: «existe una falta de procebilidad como lo es la denuncia de hechos por parte de la Función Pública para reaperturar este ejercicio Fiscal».
Finalmente expuso el abogado que es necesario el sobreseimiento de la causa a efecto que sea en la vía administrativa y civil, recalcaron al juez: «la determinación dictada sobre la licenciada Rosario Robles, donde determinaron precisamente que previo a concluir el procedimiento penal, la conducta debe ser investigada a través del órgano administrativo».
«El dinero fue y cayó a la empresa Kepler, no hubo desvío; el secretario de Hacienda aprobó que se destinará el dinero, no hay desvío si el dinero se utilizó para el objeto para el que fue solicitado”, finalizó el expositor.